Organizaciones advierten que la privatización de CESCE provocará más endeudamiento e impactos ambientales, menos control y participación
El próximo jueves se debatirá en el Congreso el proyecto de ley sobre la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía española, es decir, los seguros que asume el Estado para las empresas con negocios e inversiones en otros países. Esa reforma prevé la privatización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), un organismo criticado por generar endeudamiento e impactos ambientales. Organizaciones y redes de la sociedad civil, alertan de que se tendrá aún menos control y participación democrática con esa privatización. Por ello han enviado una carta a los diputados llamando a desestimar el proyecto de ley.
La propuesta presentada por el Gobierno a principios de octubre propone que la cobertura se realice a través de un agente gestor, que será la propia CESCE, durante 7 años. Desde hace varios años la sociedad civil viene apuntando los fallos de CESCE como un opaco mecanismo generador de mayor endeudamiento para los países empobrecidos y de impactos sociales y ambientales severos. En lugar de enmendar sus defectos, el proyecto de ley agrava aún más esta situación.
Menos control y participación
Se otorga a un ente totalmente privado la gestión de los seguros por cuenta del Estado. Pese a que se trata de fondos públicos, no se establecen mecanismos de información ni de control por parte de la ciudadanía y de sus representantes en el Congreso. No se trata de un mecanismo menor, ya que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 establecían un límite máximo de cobertura para nueva contratación que puede asegurar CESCE en 9.000 millones de euros. El Proyecto de Presupuesto para 2014 prevé una suma idéntica. Tampoco se establece ningún medio de participación ni de consulta de las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados, los cuales son usualmente Proyectos de Categoría A y B, es decir, de alto riesgo socioambiental.
Más endeudamiento
A 31 de diciembre de 2012, la deuda comercial (generada mediante CESCE) de países terceros con el Estado español ascendía a 3.287,82 millones de euros (20,75 % del total). Esta deuda afecta particularmente a países empobrecidos, los cuales acaban asegurando el riesgo de las inversiones. Es otro mecanismo más, como las ayudas al sector bancario, de socialización de las pérdidas de aquellos negocios que, si hubieran sido exitosos, hubieran otorgado jugosas ganancias únicamente privadas. Por ello, desde hace años, la sociedad civil, en el marco de la Campaña “¿Quién debe a Quién?” viene denunciando a CESCE como un instrumento de generación de deudas ilegítimas que deberían ser auditadas, y, en su caso, repudiadas.
Incoherencia con la legislación europea
El proyecto de ley carece de referencia alguna al principio de respeto y coherencia con los principios de la acción exterior de la Unión Europea al cual están sujetos todos los Estados miembros. La Regulación europea sobre las Agencias de Crédito a la Exportación (entre ellas CESCE) establece que “Los Estados Miembros deben cumplir con los principios generales de la Unión en el ámbito de la acción exterior, tales como consolidar la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, la coherencia de políticas para el desarrollo, y la lucha contra el cambio climático, cuando establecen, desarrollan o implementan sus sistemas nacionales de créditos y seguros a la exportación, así como cuando realizan una supervisión de las actividades de los apoyo público mediante créditos a la exportación”. Esta regulación se refiere asimismo al Artículo 21 del Tratado de Lisboa.
Hasta ahora, el apoyo con fondos y políticas públicas a la internacionalización de las empresas españolas ha generado impactos negativos en la mayoría de los casos para las poblaciones de los países receptores de las inversiones. Existe un número significativo de denuncias desde la sociedad civil, por violación tan sistemática como impune de los Derechos Humanos por parte de las empresas españolas en el exterior.
Es urgente que el Congreso de los Diputados desestime el Proyecto de Ley y trabaje sobre mecanismos extraterritoriales vinculantes de responsabilidad tanto pública como privada, estableciéndose sistemas de control de las prácticas de las empresas que son favorecidas por los mecanismos de internacionalización. La Legislación Internacional en materia de Derechos Humanos debe situarse por encima del Derecho Corporativo.
Organizaciones firmantes
Acsur-Catalunya, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, ATTAC Acordem, Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC), Entrepueblos, Colectivo de Afectado/as por Repsol, Col·lectiu Respostes a les transnacionals (RETS), Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), Ecologistas en Acción, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda – PACD Barcelona y PACD Madrid, Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Red “¿Quién debe a quién?”
Enlace a la carta entregada a los Diputados: http://www.odg.cat/documents/
