En América Latina actualmente operan decenas de empresas transnacionales y nacionales de la industria minera, que vulneran normas de salud, laborales, medio ambientales, así como de protección a la infancia, las mujeres y las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, ejercen nuevos métodos de esclavitud e impactan negativamente en la economía local, destruyendo las formas tradicionales de subsistencia y economía. Incurren en violaciones de derechos humanos y vulneran leyes nacionales y convenios internacionales asumidos por los Estados. Este es el caso de la comunidad indígena de Zacualpan, en México.
Por: Ira Nahomi Moreno
Las violaciones ocurren por la confluencia de dos factores: por un lado la política operacional de la empresa o Estado y por el otro, la debilidad, permisividad o confabulación del Estado, a través de la lógica del sistema económico internacional “injusto”. Un mecanismo que se ha impuesto y aunque suele ser lo más visible y criticable, él en si mismo no es el principal responsable de los dramas humanos en torno a la industria minera, sino las empresas y los Estados que propician las condiciones para mantener y nutrir este sistema, escudándose en él para evadir sus responsabilidades.
En la actualidad esa responsabilidad se puede detectar desde antes que una empresa obtiene una concesión de explotación minera y los hechos de violación de derechos humanos, incluso antes que la empresa esté operativa. Tal es el caso de la empresa Gabfer S.A. del Estado de Colima en México, registrada en 2012 y de carácter nacional, aunque hay indicios que su capital procede de la empresa minera canadiense Teck Resources Limited. En mayo de 2013, Gabfe presentó un proyecto minero a cielo abierto para la extracción de oro, plata, cobre y manganeso a 1 km de la comunidad indígena de Nahua de Zacualpan, del Municipio de Comala, Estado Colima. Un municipio en el que el 44% del territorio está concedido a diferentes empresas mineras.
Vulneración de leyes, derechos humanos y sobornos por parte de la empresa minera Gabfer
La propuesta del proyecto minero se hizo con la concesión de explotación en mano, pese a no dar a conocer esta información a la comunidad indígena y sin el debido consentimiento previo de la misma. Esta carencia constituye en si misma una violación al capítulo 1, artículo 26 de la Carta Magna mexicana, donde se reconoce el derecho que poseen las comunidades indígenas al control de sus tierras y recursos. Al mismo tiempo viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros acuerdos internacionales en relación a los derechos de los pueblos indígenas, asumidos por el estado mexicano.
Otra violación al marco jurídico mexicano se aprecia en el sistema de información de la Secretaría Económica (organismo que otorga las concesiones mineras) ya que consta que la concesión minera fue dada en 1995 a Adolfo Pineda (que tampoco pasó por un proceso de consulta y aprobación de la comunidad indígena), quien falleció hace unos años y no figura que haya realizado una sucesión legal de la concesión al propietario de Gabfer. Por lo que dicha concesión debió haber sido cancelada y no fue así, sino que fue trasladada a otra persona de manera irregular pasando por alto la ley minera nacional. Ello evidencia la permisividad y/o confabulación del gobierno nacional, previo a la operación del proyecto minero.
La empresa, en vista que la comunidad indígena mostró su rotundo rechazo al proyecto minero (por las consecuencias negativa que traerá a la salud, la economía, la dinámica sociedad y el medio ambiente), sobornó al Presidente de Bienes Comunales[1] de ese entonces, para que éste a su vez sobornase a comuneros[2] para que votaran a favor del proyecto minero en las siguientes asambleas generales. Como esa estrategia tampoco funcionó, porque la mayoría no interpuso su beneficio económico personal sobre el de la comunidad, procedió a presionar y sobornar a indígenas para que intimidasen y cometiesen actos violentos contra el resto de la comunidad, contra integrantes del Comisariado de Bienes de Comunales que se integraría posteriormente y representantes de la organización ambientalista y defensora de los derechos humanos Bios Iguana. Esta organización comenzó a ser objeto de ataques desde el momento en que aceptaron asesorar y apoyar a la comunidad indígena en respuesta a la solicitud que ésta le hizo.
A finales de 2013, la comunidad indígena destituyó al Presidente del Comisariado, por el apoyo que él mostraba al proyecto minero, el hecho de no haber registrado las actas de las asambleas generales en las que por mayoría ganó el rechazo al proyecto minero y que constituía una violación a la ley agraria y los estatutos comunales. De igual modo, por haber realizado sobornos, incurrido en difamaciones y junto al Comisario Municipal (responsable de la seguridad de la comunidad) ser los responsables de actos intimidatorios, como la llegada de un convoy de militares a la comunidad sin dar explicaciones y con actitud agresiva, en respuesta a una reunión informativa que realizó Bios Iguana en la localidad afectada.
La política del Gobierno Federal de otorgar concesiones mineras de manera indiscriminada. La complicidad de funcionarias y funcionarios de gobiernos locales y el uso indebido de las fuerzas del orden
Inmediatamente a esa destitución se intensificaron las difamaciones, amenazas y hechos violentos contra las personas contrarias al proyecto minero, en acciones conjuntas y coordinadas entre la empresa Gabfer, a través de sus cómplices dentro de la comunidad indígena y funcionarias/os municipales, estatales y la permisividad del Gobierno Federal. Entre algunas de ellas, las decenas de personas de la comunidad indígena incluyendo menores de edad y ancianos, que resultaron heridas tras el desalojo a la fuerza y sin mediación por parte de ciento cincuenta efectivos armados, mientras la comunidad protestaba pacíficamente ante el no reconocimiento del gobierno estatal de la Asamblea General, en la que se destituyó al Presidente del Comisariado, se designaron nuevos integrantes, se creó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y se declaró Territorio Libre de Minería.
En una reunión solicitada por la comunidad indígena con el Presidente Municipal de Comala para pedirle mayor seguridad, seis personas de manera violenta golpearon a miembros de la comunidad indígena ante la permisividad de dicho funcionario, que no pidió la intervención de la policía que se encontraba afuera del recinto; y al retirarse, ocho mujeres indígenas resultaron heridas por los golpes de un grupo de personas dirigidas por el destituido presidente del Comisariado. Algo parecido sucedió durante la visita a la comunidad del Secretario de Gobierno y el Presidente Municipal de Comala, en la que varios periodistas que cubrían la noticia resultaron heridos por el mismo grupo. Mientras de manera individual se han violentado a muchas personas de la comunidad indígena, como a Pascual Guzmán, amenazado con una navaja, Jesús Santos, golpeado por policías estatales y Francisco Santos, detenido arbitrariamente por 48 horas y multado de manera injustificada.
La mayoría de los hechos violentos han ocurrido en el entorno al manantial de Ojo de Agua, donde hay un balneario administrado por la comunidad indígena y que representa una importante fuente de ingreso para usos comunes. En agosto de 2014 fue tomado violentamente por el mismo grupo de agresores, hecho en el que la señora Paula Alonso (de la tercera edad) resultó herida en la cabeza por una piedra que le lanzaron, ante la contemplación de la patrulla 1172 del Municipio de Comala.
Desde entonces se han producido varios intentos por liberar el balneario, incluso con una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, pero no ha sido posible. En uno de esos intentos retuvieron durante horas a Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro, integrantes provisionales del Comisariado y en otro intento a finales de diciembre de 2014, varias personas que se encontraban en el manantial Ojo de Agua, fueron retenidas y hasta la fecha continúan ahí.
En ese mismo sentido, se han producido otros abusos, como la detención arbitraria del presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez, retenido durante media hora en una patrulla de la policía municipal por órdenes del Comisario Municipal. Durante una manifestación pacífica de la comunidad indígena, dos funcionarios públicos de la Procuraduría Agraria agredieron físicamente a los miembros de Bios Iguana: Jonatan Ochoa, Alejandro Bueno y verbalmente a Vanesa Gomez. En otra ocasión uno de esos mismos funcionarios amenazó de muerte a Jonathan, mientras la Delegada de la Procuraduría Agraria declaró en varias ocasiones que Bios Iguana había invadido las asambleas comunales de Zacualpan, que eran unos extorsionistas, causantes del conflicto de la comunidad y los acusó de tener sembradíos de droga.
Si bien las difamaciones e injurias hacia Bios Iguana se habían convertido en parte del discursos habitual del destituido presidente del Comisariado y funcionarias y funcionarios del gobierno municipal y estatal, el incremento de las amenazas físicas y hostigamientos (muchas veces de manos de la propia policía local) obligaron a varios de sus miembros a irse de la ciudad por su seguridad. Mientras a la comunidad indígena no pueden acceder sus integrantes desde octubre del 2014, ya que son atacados con palos y piedras por grupos violentos coludidos con el gobierno local y estatal.
Sin duda los hechos que mejor ejemplifican la complicidad del gobierno estatal con la empresa Gabfer, son la decisión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Colima de aprobar un Punto de Acuerdo, que llamó a nuevas elecciones de las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales y prohíbe que gente extraña entre a la comunidad, en relación a las/os integrantes de Bios Iguana. Con ello no soló se desconoció las decisiones tomadas por la comunidad indígena en asamblea general, sino que violó una sentencia dictada a favor de la misma por el Tribunal Unitario Agrario, que reconoció los acuerdos tomados. Y el otro lamentable hecho, es que el Ministerio Público del Municipio de Comala no ha atendido ninguna de las denuncias individuales y colectivas que han introducido indígenas de la comunidad, integrantes de Bios Iguana y periodistas, por diversas vulneraciones de derechos humanos de las que han sido víctimas.
La búsqueda de una solución fuera del Estado mexicano
Ante este panorama de complacencia e impunidad, la comunidad indígena ha buscado mecanismos internacionales que les ayuden a poner fin a la difícil situación que viven, por lo que introdujeron en el mes de octubre de 2014 una “Queja” ante los Procedimientos Especiales de ONU: Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relator Especial sobre los Defensores de Derechos Humanos.
En otro sentido, la comunidad indígena en colaboración con Bios Iguana y otras organizaciones, programaron una Misión Internacional y Nacional de Observación con dieciocho entidades de Canadá, Estados Unidos y México, que llegó a Colima a principio del mes de abril de este año, por cuatro días, para documentar los hechos, reunirse con los actores implicados y tratar de conseguir unos mínimos acuerdos con el gobierno estatal para facilitar las condiciones de un diálogo a corto plazo. Se alcanzaron algunos acuerdos con el Secretario General de Gobierno pero fueron irrespetados al día siguiente, ya que policías judiciales, estatales y el habitual grupo violento, impidieron a la Misión entrar a la comunidad indígena, por lo que una parte importante de sus objetivos fueron frustrados. La Misión concluyó que “el gobierno del estado de Colima favorece la impunidad, la falta de procuración de justicia y la violación a los derechos humanos y de los pueblos”.
El 9 de abril, la RIDH en colaboración con Bios Iguana, introdujimos una “Queja Preventiva” ante otro Procedimiento Especial de la ONU, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, Corporaciones Transnacionales y otras Empresas de Negocios, apegándonos a los Principios Rectores que promueven mecanismos para solucionar conflictos de esta naturaleza y apelando al carácter preventivo que le concedió el Consejo de Derechos Humanos. El objetivo es que este grupo de expertos esté informados de la grave problemática que vive esta comunidad indígena, tomen las acciones pertinentes y consideren las peticiones que les presentaremos.
Notas
[1] De acuerdo a la Ley Agraria de México, la estructura política y administrativa de una comunidad indígena y agrícola esta bajo la figura del Comisariado de Bienes Comunales, que es el órgano encargado de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos tomados por la Asamblea, así como llevar la representación jurídica del núcleo agrario ante terceros.
[2]Miembros de la comunidad que tiene posesión sobre un territorio del que nadie de manera independiente es propietario, los comuneros deciden sobre los usos de ese territorio y los bienes de esa comunidad a través de Asambleas.
