La declaración de Gibson Dunn&Crutcher, la firma legal principal de Chevron, reconoce que el fundamento jurídico del caso RICO en contra de los ecuatorianos no es válido.

El abogado Miguel Estrada, socio de GibsonDunn&Crutcher (GDC) – bufete principal de Chevron en varias acciones judiciales para evadir el pago de la sentencia impuesta por el tribunal ecuatoriano por daños ambientales –sostuvo la semana pasada ante los jueces del Segundo Circuito de Nueva York que no se puede aplicar la ley RICO para imponer medidas cautelares. Estrada sostiene que la mencionada ley “no permite que los particulares puedan solicitar un mandato judicial cautelar”.

Esta declaración la hace en el marco de un proceso judicial distinto al instaurado por Chevron, pero sosteniendo una posición contraria a la del grupo de abogados que, en nombre del mismo bufete, patrocina a la petrolera en el controvertido juicio RICO en contra de indígenas y colonos ecuatorianos, y sobre el cual se espera sentencia por parte del juez federal Lewis A. Kaplan.

En caso que Estrada gane la discusión ante el Segundo Circuito, sería imposible para Chevron obtener la protección que está solicitando en el Juzgado Federal, debido a que dicho Segundo Circuito es Tribunal de Apelaciones, y sus decisiones tienen autoridad sobre todos los jueces de primera instancia, incluyendo el juez Kaplan. Esto significa que la sentencia que dicte Kaplan en el caso contra los ecuatorianos será elevada al Segundo Circuito.

A lo largo de los escritos presentados por Estrada en el caso “Sykes v Mel Harris” el abogado afirma que “la Ley RICO no otorgamedidas cautelares a particulares.” La misma posición ha sido adoptada en varias ocasiones por otro prominente abogado de (GDC) ex – Procurador General de los Estados Unidos, Ted Olson.

“De hecho, el texto y la historiade la Ley RICO demuestran que el Congreso [de los EEUU] claramente decidió no autorizar su uso en pedidos cautelares privados – una conclusión que ha sido correctamente compartida por el Noveno Circuito y el gobierno de los Estados Unidos”, Estrada y GDC dijeron en el escrito del caso Sykes. “Esta Corte (…) debe ahora confirmar que RICO no es idóneo para reclamar medidas cautelares”, añadieron.

Para sostener sus argumentos, (GDC) ha recopilado varios fallos judiciales sobre la imposibilidad de conceder medidas cautelares a particulares bajo la Ley RICO, a más de la prohibición expresa del Congreso de EEUU cuando se aprobó la ley.

Pero contradictoriamente a esta posición, en el juicio contra los ecuatorianos – liderado por la estrella de GDC, Randy Mastro – la misma firma de abogados viene sosteniendo que “el texto de la ley RICO determina claramente que los demandantes privados sí pueden buscar medidas cautelares […] Cualquier conclusión contraria sería “incompatible con el texto, la historia legislativa, y el propósito de la leyRICO”[…]“”

Con estos antecedentes, los representantes de los demandados por Chevron ante el Juez Kaplan han solicitado se desestime el caso. “Alegatos de GDC en el proceso Sykes solidifican nuestra posición de que el caso RICO propuesto por Chevron nunca fue más que un truco de prensa orquestada para tomar represalias contra los habitantes del pueblo ecuatoriano que condenaban a la empresa responsable de su mala conducta”, dijo Christopher Gowen, profesor de ética del Washington College of Law de la American University en Washington, DC.

Chevron, quien se estima ha pagado a GDC alrededor de mil millones de dólares en honorarios legales por su defensa contra los ciudadanos ecuatorianos desde el año 2009, “tiene todo el derecho de sentirse traicionada”, dijo Aaron Page, abogado de derechos humanos que ha representado a las comunidades ecuatorianas durante varios años.”Después de haber pagado a una sola firma de abogados una cantidad sin precedentes, me sorprende que Chevron no haya recibido un poco más de lealtad de GDC”, dijo Page. “Estos inesperados acontecimientos dejan sin piso al caso RICO de Chevron. También demuestran cómo los abogados de apelación de GDC como Miguel Estrada no comparten la interpretación de la ley RICO que Randy Mastro le quiere vender al juez Kaplan”.

Chevron ha contratado a más de 100 abogados de GDC para trabajar en el caso RICO, en una campaña para bloquear la sentencia de $ 9 mil 500 millones emitida por los tribunales de Ecuador. La parte central de esta estrategia es la afirmación de GDC que todo el caso en el Ecuador era una “farsa”.

Los ecuatorianos y sus abogados niegan enérgicamente las acusaciones, y sostienen que no son más que una cortina de humo para distraer la atención de los delitos ambientales causados por Chevron, dijo Page. Durante el juicio en Ecuador, Chevron no ha negado ser autora de los delitos que dejaron miles de millones de galones de desechos tóxicos en la selva amazónica.

Durante años los indígenas y colonos de Ecuador, a través de sus representantes legales, han argumentado que RICO no es aplicable a un litigo extranjero (en este caso, el juicio ecuatoriano), y que el caso debió haber sido desestimado hace mucho tiempo, pero la hostilidad del juez norteamericano contra los campesinos e indígenas y sus abogados ha primado por sobre la ley. Kaplan repetidamente ha hecho comentarios despectivos contra los tribunales del Ecuador y los afectados por la petrolera, además de permitir que Chevron opere una serie de abusos a los derechos procesales de los ecuatorianos. En un hecho insólito, Kaplan permitió a la petrolera retirar su pretensión de indemnización monetaria por daños y perjuicios, para evitar así la intervención de un jurado para la decisión del proceso RICO.

Gowen señaló que si bien las normas de ética permiten cierto margen de maniobra a los abogados para hacer diferentes argumentos en representación de diferentes clientes, surge un conflicto ético claro en una situación en la que una firma de abogados está buscando en apelación que los jueces adopten una posición que puede destruir o debilitar gravemente las pretensiones de otro de sus clientes, como efectivamente ocurrió aquí.

“GDC está en lo correcto al afirmar que no se pueden pedir medidas cautelares en el marco de un proceso RICO”, dijo Gowen. “El problema para la empresa es que, al hacer dicha afirmación, reconocen que su proceso RICO contra los ecuatorianos no fue más que una pérdida de tiempo y dinero de sus clientes, y un abuso del sistema de justicia civil.”

Juan Pablo Sáenz, miembro del equipo de abogados ecuatorianos que representa a los colonos e indígenas en el proceso de Sucumbíos, acotó que “en este punto, no sería descabellado pensar que Chevron pueda iniciar acciones legales contra sus abogados de GDC. Ciertamente tendría todo el derecho de hacerlo”.

GDC, que ofrece sus servicios como una firma de abogados altamente agresiva que puede “rescatar” a sus clientes corporativos de situaciones jurídicas complicadas, ha experimentado una serie de reveses devastadores desde que entró en el caso Ecuador, en nombre de Chevron en el 2009. Desde entonces, Chevron fue sentenciada en toda instancia en el Ecuador, perdió un proceso ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU, y recientemente una corte canadiense ordenó la continuación del trámite de la ejecución de la sentencia ecuatoriana en dicho país.

Chevron también se enfrenta a acciones de ejecución presentadas en Brasil, Argentina y Ecuador. Randy Mastro además se ha visto envuelto en problemas éticos propios, como el ser sancionado por un juez federal, acusado de manipulación de testigos en nombre de Chevron.

A los problemas de Chevron se suma la resistencia de un importante grupo de accionistas suyos que cuestionan su estrategia legal en Ecuador, a más de duras críticas de más de 40 grupos de defensa de derechos, quienes señalan que la petrolera está utilizando la ley RICO para silenciar a sus oponentes, lo cual puede sentar un nefasto precedente a nivel mundial.