En Febrero de 2011 la Justicia ecuatoriana emitió un histórico fallo sentenciando a la Corporación petrolera Chevron-Texaco a pagar 9,500 millones de dólares por contaminar la Amazonía Ecuatoriana (1964-1992). Sin embargo, Chevron recurrió al sistema de arbitraje de diferencias Inversor-Estado abiertos ISDS y demandó al Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en la Haya alegando violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Ecuador y EEUU. En Agosto de 2018, un panel de arbitraje privado de la CPA falló en favor de Chevron, ordenando a Ecuador anular la sentencia en favor de los afectados. Se trata de un laudo ilegal, inconstitucional e inaplicable, que va en contra del ordenamiento público internacional. Pablo Fajardo y Justino Piaguaje, abogado y representante de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT) respectivamente, explican por qué este laudo vulnera la soberanía del Ecuador y constituye un grave caso de impunidad corporativa que sienta peligrosos precedentes para la defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos y colectivos.
