Los afectados por la contaminación que dejó Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana pidieron justicia y la reparación de los daños ambientales ocasionados por la empresa petrolera. Sus planteamientos fueron escuchados en el evento, “Derechos Humanos, Medio Ambiente y Transnacionales- El caso Chevron-Texaco en el Ecuador”, que se llevó a cabo en el marco del 68 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que también el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, denunció la campaña difamatoria que impulsa la compañía en contra del Estado ecuatoriano. Mientras varios líderes y autoridades de diferentes países expresaron su solidaridad con Ecuador y los afectados, y respaldaron la propuesta del país de avanzar en el Observatorio Internacional de Empresas Transnacionales.
“Ninguna empresa puede estar por encima de la Ley”, puntualizó el Canciller Ricardo Patiño, quien dio a conocer en la ONU, la campaña de desprestigio emprendida por la empresa transnacional, que ha invertido en una multimillonaria campaña mundial para desprestigiar al Ecuador y a sus instituciones democráticas.
Ecuador enfrenta una demanda interpuesta por la compañía Chevron-Texaco ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de la Haya, que se basa en un supuesto incumplimiento de las disposiciones del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos, el cual entró en vigor en 1997, es decir, cinco años después de que Texaco abandonara el Ecuador. En este sentido, el Canciller Patiño insistió en que la aplicación retroactiva del TBI por parte del Tribunal, al declararse éste competente para tratar el caso, es una “auténtica aberración jurídica”.
El Ministro Patiño recordó que Chevron vertió en territorios y fuentes de agua de la selva amazónica ecuatoriana 80.000 toneladas de residuos tóxicos, lo que es “el vertido más grande en la historia de la humanidad, 80 veces mayor a lo que derramó la British Petroleum en el Golfo de México”.
Es importante anotar que en el 2011, la Corte Superior de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos (Ecuador) condenó a Chevron al pago de más de 19.000 millones de dólares por los daños ambientales causados en esa región durante los años en que Texaco extrajo crudo allí, pero Chevron se niega a pagar.
Texaco, que operó en Ecuador entre 1962 y 1990 y fue adquirida por Chevron en 2001, “vertió 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica”. Las “pruebas” de ese vertido tóxico, “el más grave de la historia, siguen todavía en la Amazonía”, expresó el Canciller.
Durante su discurso, también cuestionó que tribunales internacionales de arbitraje hayan aceptado demandas de Chevron en este caso con base en un acuerdo de inversiones entre Ecuador y EE.UU. de 1997, teniendo en cuenta que Texaco salió del Ecuador en 1992.
La campaña de desprestigio contra Ecuador es a nivel planetario, dijo el Ministro Patiño y consideró que frente “al Goliat de Chevron nuestra honda invencible será la verdad”.
En los últimos años “se han multiplicado” las demandas de multinacionales contra los Estados, principalmente suramericanos, en tribunales de arbitraje “que en la mayoría de los casos fallan a favor de las empresas”, refirió.
“Pese a ello los países del Sur estamos despertando y estamos cada vez más determinados a cambiar los términos de las relaciones con las trasnacionales. Esas trasnacionales han atentado contra los derechos de nuestros pueblos con su “búsqueda de lucro sin límites”, añadió Patiño.
Por su parte, Martin Khor, Director Ejecutivo del Centro del Sur (una organización intergubernamental de países en desarrollo con sede en Ginebra, Suiza), quien asistió al evento organizado por Ecuador, manifestó: “Quiero expresar mi solidaridad con Ecuador por la tragedia y contaminación que dejó la petrolera en Ecuador. Los Tratados de Inversión son la raíz del problema, tienen clausulas muy peligrosas, muchas veces no las conocemos. Otro problema es que el sistema de arbitraje es muy corrupto poco transparente y sin posibilidad de apelación”, expresó.
Khor además destacó la iniciativa ecuatoriana de realizar en Guayaquil la Primera Conferencia de Países Afectados por las Transnacionales, la cual dijo, “es el comienzo de la lucha a la que muchos países se están sumando y a la que debe unirse la sociedad civil”. Finalmente insistió además que mientras existan estos tratados los países no podrán avanzar en los objetivos de desarrollo del 2015.
“Solo queremos agua y justicia, no queremos plata, hoy no sirve ni la agricultura y nuestras familias se enferman, si no se hace una buena remediación, ningún remedio será bueno”, expresó José Shingre, uno de los afectados por la contaminación de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, quien habló ante la ONU de la tragedia que viven los campesinos del sector.
Por su parte, Carmen Zambrano, otra de las afectadas aseguró que “ellos (Chevron), defienden la parte económica pero no la vida, el agua no nos sirve ni para beber, es agua contaminada y nos está enfermando”, concluyó.
Al foro asistieron también entre otras autoridades, Heraldo Muñoz, subsecretario general de las Naciones Unidas y director para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como, los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Nicaragua, Samuel Santos.
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La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organismo regional de derechos humanos con presencia en quince países del hemisferio, y con una trayectoria en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, apoya todas aquellas iniciativas gubernamentales encaminadas a promover en el seno de la comunidad internacional la adopción de normas vinculantes para que los Estados tengan todas las atribuciones que el Derecho Internacional les provee para regular, controlar y obligar a las empresas transnacionales a emprender sus actividades en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La organización sostiene que el Derecho Global Corporativo pretende reducir el poder de los Estados democráticos y atentar contra sus derechos soberanos. Estas acciones, sin la menor duda, minan la democracia y hacen tabla rasa de las normas constitucionales, las leyes nacionales y de la opinión pública nacional e internacional, como pretende Chevron Corporation y su campaña internacional de desprestigio contra el Estado ecuatoriano. Evadiendo, además, sus responsabilidades ante las cortes de justicia por las afectaciones a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana por sus operaciones petroleras luego de dos décadas de explotación y su estela de impunidad.