Después de un proceso iniciado el 21 de octubre de 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos en el que han tenido lugar once audiencias previas y decenas de preaudiencias en todo el territorio mexicano, ha celebrado la Audiencia Final sobre LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO , en la Ciudad de México, entre el 12 y el 15 de noviembre de 2014.
Se juzga un estado de cosas promovido por las doctrinas neoliberales e impuesto por los sucesivos gobiernos mexicanos desde 1982, bajo la presión y al servicio de intereses muy minoritarios de las elites locales y de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y los Estados que las apoyan, que está comportando, entre otras cosas, el desmantelamiento del sistema industrial público y del sistema de agricultura comunal y ejidal, la erosión del tejido social, la estabilización de un clima de violencia y represión contra la disidencia, la vulneración masiva de los derechos humanos de muy amplios sectores de la población con especial impacto entre las mujeres y la juventud, un cuadro general de impunidad y de desatención a las víctimas y la destrucción de los principios y fundamentos de la Constitución mexicana de 1917. Ese estado de cosas en que el Estado Mexicano deja de servir a los intereses generales se ha calificado como situación estructural de desvío de poder con muy distintas manifestaciones.
Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, el Tribunal ha desgranado los derechos violados y ha concluido que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.
El lo que se refiere al Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, del derecho a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia, que suponen la vulneración de numerosas normas internacionales y de la Constitución mexicana.
Dado que las acusaciones presentadas ante este Tribunal involucran numerosos períodos de gobierno, la sentencia especifica los delitos más graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, para cada período de gobierno de los encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, a la sociedad civil y medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil mexicana y con un llamado a la refundación de México en torno a un conjunto de 20 líneas de actuación concretas, para revertir la mencionada situación de desvío de poder, en interés de la gran mayoría.
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS – SENTENCIA, AUDIENCIA FINAL – MEXICO:
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
El jurado estuvo presidido por Philippe Texier (Francia) e integrado por el Padre Raúl Vera (México), Elmar Altvater (Alemania), Carlos Beristain (España), Luciana Castellina (Italia), Graciela Daleo (Argentina), Alda Fazio (Costa Rica), Daniel Feierstein (Argentina), Juan Hernández Zubizarreta (España), Antoni Pigrau Solé (España), Silvia Rodríguez (Costa Rica) y Nello Rossi (Italia)
Declaración de la Campaña Mundial para Desmantelar el Poder Corporativo, con ocasión de la Histórica Audiencia Final del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos:
Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos Humanos
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