La Unión Europea no está frenando el comercio letal de minerales de zonas en conflicto, ha advertido hoy una coalición de organizaciones de derechos humanos, Global Witness y Amnistía Internacional entre ellas, con motivo del debate de una nueva y débil ley en el Parlamento.
Un nuevo análisis de Global Witness muestra que hay empresas que están introduciendo en Europa minerales por valor de miles de millones de euros sin tener que revelar si su adquisición financia a grupos armados o violaciones de derechos humanos en países arrasados por el conflicto.
“De momento no tenemos forma de saber qué es lo que están haciendo las empresas europeas para evitar financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos”, declaró Michael Gibb, de Global Witness.
“La Comisión Europea ha propuesto una ley que, según afirma, abordará el problema, pero el proyecto de ley sólo alcanza a sugerir que las empresas comprueben y declaren la fuente de sus minerales voluntariamente. Los estudios muestran que las empresas sencillamente no comprueban sus cadenas de suministro salvo que se las exija hacerlo. Para decirlo con claridad, esta ley no reducirá significativamente el comercio de minerales de zonas en conflicto.”
El análisis revela el alcance del papel de la UE en el comercio de minerales, que si se obtienen sin los controles adecuados en zonas afectadas por el conflicto y de alto riesgo, pueden usarse para pagar a grupos armados y fuerzas de seguridad que infligen una violencia insufrible a las comunidades locales
