El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, decidió desechar la demanda de los indígenas y campesinos ecuatorianos en contra de Chevron, aduciendo que los bienes de Chevron Brasil no tienen relación con Chevron Corporation, evitando de este modo pronunciarse sobre la validez de la sentencia ecuatoriana. Los demandantes ecuatorianos interpondrán recurso por considerar que el Tribunal ha cometido un grave error jurídico al evitar asumir jurisdicción sobre el reclamo.
Quito, 30 de noviembre de 2017.- Luego de la decisión del Tribunal de Justicia de Brasil de desechar la solicitud de excequator pedida por los indígenas y campesinos ecuatorianos que ganaron a Chevron el litigio por daños ambientales en la Amazonía norte de Ecuador, informaron que plantearán un recurso ante este dictamen que revela un razonamiento jurídico simplista y limitado, según informaron los abogados de los demandantes de Ecuador.
Pablo Fajardo, abogado de los afectados ecuatorianos, informó que esta decisión viola el derecho de sus representados a demostrar que los bienes de Chevron Brasil, pertenecen en realidad a su matriz, Chevron Corporation, lo cual provoca denegación de justicia. Según Fajardo y el equipo de abogados brasileños, los jueces brasileros debían primero reconocer la validez sentencia ecuatoriana y luego, en la fase de ejecución, recién podría discutirse la pertinencia de incautar bienes que pertenecen directa o indirectamente a la transnacional. Agregó que ese dictamen carece de toda sofisticación y que podría haber sido escrito por cualquier estudiante de derecho que no ve más allá de las normas societarias.
La decisión de Tribunal de Brasil, vuelve a poner en el foco de la discusión mundial la estructura de impunidad que protege a las empresas transnacionales que violan los derechos humanos y que se esconden tras el velo societario, mediante la utilización de varios niveles de empresas subsidiarias y paraísos fiscales. De este modo son capaces no solo de evadir impuestos, sino también las responsabilidades legalmente establecidas en otras jurisdicciones. El caso contra Chevron nuevamente ha evidenciado con absoluta claridad la arquitectura (i)legal que protege a las empresas transnacionales. “Se ha demostrado hasta la saciedad, en múltiples instancias judiciales y políticas, la vinculación de Chevron Corporation con subsidiarias, como Chevron Brasil, que le pertenecen en un 100%. Tanto es así que Chevron Corp. declara ante las autoridades de control norteamericanas que sus filiales brasileras son parte de sus activos, recibe directamente todas sus rentas y declara impuestos tomando como propios los beneficios obtenidos por estas empresas subsidiarias”, sostiene Fajardo.
Willian Lucitante, Coordinador ejecutivo de la Unión de Afectados/as por Texaco, sostuvo que este dictamen del tribunal brasileño no es una sorpresa para los demandantes ecuatorianos, que durante algunas oportunidades anteriores, alertaron sobre ciertos hechos que llevaron a presumir la falta de garantías para que la justicia brasileña actuara de manera independiente.
Estos hechos, dijo Lucitante, nos llevaron a desistir del caso en Brasil, y a pesar de ello, inexplicablemente, el Tribunal de Justicia siguió tratando el proceso de homologación. El dirigente de los afectados recordó que el relator ponente, Dr. Luis Felipe Salamao asumió la posición de Juez ponente, luego de que Felix Fisher, reconocido juez brasileño, quien fue el juez ponente al inicio del trámite de homologación de sentencia, se vio obligado a renunciar a la relatoría, cuando Chevron contrató a uno de sus ayudantes. A ello se suma las enormes semejanzas entre la opinión emitida por el procurador Nicolao Dino, y los argumentos esgrimidos por Chevron y el juez Lewis Kapan, que en el juicio en Nueva York, sentenció que los indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana habían constituido una organización criminal para extorsionar a Chevron en base a “falsos reclamos ambientales”. En esta opinión Nicolao repudió la existencia del crimen ambiental cometido por Chevron en Ecuador, pero también ignoró toda la prueba que invalidaba las elucubraciones de los jueces norteamericanos.
Ante esta opinión, los abogados de la UDAPT aportaron abundante información que demostraba las inconsistencias, errores y falsedades de dicho pronunciamiento, mas éstas no fueron acogidas por el Juez Relator Salamao, quien de manera sospechosa y sorpresiva convocó a la Audiencia de juicio, sin permitir que los defensores de la UDAPT puedan pronunciarse sobre más de mil páginas de información entregada por Chevron durante los últimos meses.
A pesar de la decisión del Tribunal brasileño, Lucitante dio a conocer que seguirán los procesos de cobro a Chevron en todas las jurisdicciones que decidan los afectados, a la vez que recalcó que ninguna instancia a la que han recurrido los ecuatorianos ha invalidado la sentencia ecuatoriana, sino que los dictámenes están referidos al velo societario que resguarda a las empresas transnacionales.
Aclaró el dirigente de los ecuatorianos que esta sentencia brasileña revela una vez más el sometimiento de las naciones al poder económico de las transnacionales, e insistió que no van a parar y seguirán globalizando la lucha luego de los 24 años de juicio. Este dictamen, dijo, no es una sentencia solamente en contra de los demandantes ecuatorianos, sino que refleja la falta de acceso a la justicia para todos los pueblos que demandan a las corporaciones por violaciones a sus derechos. Esto nos obliga a seguir en el empeño de globalizar la lucha y crear conciencia, hasta que algún sistema judicial independiente esté dispuesto a administrar justicia considerando los derechos humanos por encima de las normas societarias que protegen a las transnacionales.
Finalmente informó que el juicio contra Chevron sigue en Canadá, donde se ha previsto una audiencia en Abril del próximo año. Recordó que en ese país obtuvieron una importante victoria, cuando la Corte de Apelaciones de Ontario revirtió la caución de un millón de dólares solicitada por Chevron a los ecuatorianos, bajo el argumento de que una empresa que tiene ingresos por billones de dólares no necesita protección de costos legales por un millón. Para la Corte Canadiense, en lugar de protección por costos legales, esto era un claro intento evitar que el proceso pueda seguir en su contra. La Corte de Canadá resaltó que los fondos que se busca recaudar están destinados a la rehabilitación ambiental, por lo que se trata de una litigación de interés público. “No puede haber duda que la devastación ambiental en la tierra de los afectados les inhabilita para tener una vida digna”, dice textualmente.
