En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamen para la creación de un instrumento legal vinculante que regule la actuación de las empresas y se asegure que éstas sean responsab de los eventua abusos que cometan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente.
Ecuador y Sudáfrica son los copresidentes de este grupo, que hoy se reunió por tercera vez de forma ordinaria para avanzar en la negociación del futuro tratado.
La sesión comenzó con la presentación por parte de la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, del texto denominado «Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnaciona y otras empresas con respecto a los derechos humanos», que ahora deberá ser sometido a debate.
En paralelo, Lola Sánchez Caldentey, eurodiputada por el partido español Podemos, presentó hoy en un acto público en Ginebra la «Llamada de los Parlamentarios», una red de casi 250 diputados de izquierdas que apoyan la creación del tratado.
«Estamos inmersos en un proceso histórico. Queremos que se equilibre un poco esta injusticia de globalización en la que vivimos. Una globalización muy desequilibrada entre los poderes económicos y financieros y las empresas multinaciona, por un lado, y la gente, especialmente la de los países pobres», explicó Sánchez a Efe.
«Es muy importante estar aquí muchos países, especialmente los ricos y entre ellos la Unión Europea, pretenden bloquear el proceso al querer incluir en el texto a todas las empresas, y así diluir el contenido del texto», añadió.
Sánchez recordó que la Eurocamara ha aprobado varias declaraciones apoyando la creación del tratado y llamando a la urgencia, y criticó que la Comisión quiera bloquear el proceso «de espaldas a la ciudadanía».
En el mismo acto también participaron miembros de la Alianza para el Tratado, que agrupa a casi doscientas organizaciones de la sociedad civil.
«Represento a una serie de comunidades donde las multinaciona violan diariamente los derechos humanos. Lo que existe actualmente es una arquitectura de la impunidad de las empresas», denunció Tchenna Maso, miembro de La Vía Campesina.
«Hay que recordar que estas transnaciona, en muchos casos, son más poderosas que muchos Estados. Entonces, cuando surgió la iniciativa quisimos apoyarla inmediatamente para que la gente, el pueblo, también haga oír su voz y que la acción de las empresas se regule en base a experiencias concretas», agregó Maso.
Los promotores de este tratado pretenden que la convención establezca un marco regulador que obligue a los Estados a asumir la responsabilidad por abusos cometidos por las transnaciona, y que éstas estén obligadas a cumplir unos estándares mínimos, como que las normas medioambienes o labora fueran las mismas sin importar el país.
«Uno de los temas esencia es el acceso a la Justicia; otro es que las empresas no participen de este proceso, no son sujetos legítimos no fueron elegidas por nadie; y otro es la creación de un tribunal especial que juzgue a estas compañías», dijo Maso.
Todas estas propuestas han sido recogidas en un borrador de texto que ha sido presentado, precisamente, a Ecuador, para que lo incorpore en el suyo propio.
EFE
